Los avances tecnológicos alcanzados durante la última década permiten el aumento exponencial de voces y opiniones y, también, la relativa democratización de las mismas, habilitando la difusión de un mensaje o contenido en tiempo real. Los mensajes pueden ser particulares o colectivos, privados o públicos. Esta nueva manera de comunicar rompe barreras que resultaba impensable atravesar hace tan sólo dos décadas, cuando no existía internet.
La comunicación virtual amplifica los efectos de los sucesos acaecidos en su propio ámbito pero también la de los que tienen lugar en la “vida real”. El carácter instantáneo, la posibilidad de viralización –multiplicación a alta velocidad– de contenidos y la potencialidad como difusores contribuyen a este fenómeno. Pero algunas cosas no han cambiado tanto en esta nueva relación entre las sociedades. Y es porque quienes están detrás de esos mensajes son las personas. Entonces, todos los perfiles o identidades de cada individuo se manifiestan por igual, porque la persona es una sola, no se divide en online y offline.
Como en la vida misma, las agresiones y acciones discriminatorias también ocurren en el ámbito de internet. Sin embargo, sus efectos se transmiten en al web a una velocidad mucho mayor porque responden a una de las características esenciales de la red: la rápida propagación de sus contenidos.
¿Cómo se manifiestan esos contenidos discriminatorios en internet? A través de correos electrónicos, páginas y/o grupos en redes sociales, blogs creados a tal efecto, comentarios en los sitios mencionados anteriormente, sumando los sitios de noticias online; en conversaciones de chat grupales e individuales, en fotos manipuladas o con textos específicos que nada tienen que ver con el material. Las opciones lamentablemente son muchas y se multiplican a medida que usuarios y usuarias adquieren habilidades en el uso de las herramientas digitales.
¿Qué hacer en estos casos? Lo primero, la pro acción. Lo que implica que antes de ingresar a una red es necesario leer los términos y condiciones de uso de la misma. Este paso es frecuentemente omitido porque la mayoría de las personas, en su entusiasmo por formar parte de las comunidades virtuales, omite ponerse en conocimiento de las regulaciones y las acepta sin leerlas.
Entre las cuestiones que deben tenerse en cuenta está el hecho de que la red haga explícita la prohibición de, por ejemplo, publicar contenidos discriminatorios y realizar acciones de acoso o burla en sus espacios. También es necesario saber si las imágenes incluidas en dicha red serán de propiedad del usuario o usuaria que las incluyó o si la empresa que las aloja tendrá algún derecho sobre ellas. La misma atención debe prestarse a la posibilidad de compartir contenidos. Otro de los temas relevantes será conocer las condiciones de privacidad y las herramientas que la red ofrece para administrarlas.
Respecto de las condiciones de privacidad, en ciertos segmentos, por ejemplo entre los adolescentes, la privacidad no es una preocupación. Muchos jóvenes sostienen que, dado que están en internet, un contenido o una imagen son, por definición, públicos y, por lo tanto, la batalla por la privacidad está perdida. Además, a esta postura hay que agregar que en dicha franja etaria hay una tendencia a la sobreexposición y, consecuentemente, sus integrantes no toman cuidados específicos para proteger la información que agregan en las redes sociales y otras plataformas de publicación de contenidos por parte de usuarios y usuarias.
Por cierto, la Plataforma por una Internet Libre de Discriminación ha recibido un número considerable de casos de personas que ingresaron a redes y foros, que mantuvieron abiertamente discusiones con personajes que los acosaron, discriminaron o burlaron, exponiéndose a un sinfín de situaciones desagradables. Al tomar intervención la Plataforma, quedó en evidencia que dichas redes y foros no se hacían cargo de la situación simplemente porque sus condiciones de uso no incluían ningún punto que resguardara a usuarios y usuarias en ese sentido. Y, en algunos casos, ni siquiera tenían un apartado en el que figurasen las condiciones y regulaciones de uso.
Un segundo capítulo de esta situación tiene lugar en el momento en el cual la persona acosada, discriminada u ofendida comienza a buscarse a sí mismo para verificar que su imagen no haya sido vulnerada o que los contenidos que representaban una ofensa no se presentaran en las búsquedas. Este mecanismo de búsqueda/verificación produce un efecto negativo porque, por repetición, pone en primer plano en los buscadores las discusiones y las ofensas, obliga a la rememoración permanente del mal momento y muestra ese aspecto de la persona como la más relevante representación de sí misma.
Por lo tanto, una buena estrategia para evitar la escalada es, en primer lugar, no responder a las ofensas y, en segundo, no realizar búsquedas compulsivas y repetidas de las situaciones ofensivas que sólo terminan poniéndolas en primer plano.
Lo más eficaz en estos casos es bloquear al usuario o usuaria agresivos; si se quiere iniciar alguna acción, tomar capturas de pantalla de los contenidos ofensivos, previendo que estos puedan ser eliminados por quien los emitió, y luego realizar los reportes utilizando las herramientas que a tal fin ofrecen las redes sociales y otras plataformas.
Por estos días, en diferentes países, las sociedades se conmueven por los efectos que el acoso reiterado y las manifestaciones discriminatorias tienen, sobre todo, en el segmento adolescente, donde la persecución ha ocasionado más de un suicidio. Este tipo de actitudes que encierran un sesgo violento se desarrollan, con frecuencia, en las redes sociales que, por su arquitectura, permiten el relativo ocultamiento de la identidad de quien agrede, favorecen la formación de grupos que se encolumnan de manera irreflexiva tras la agresión, y producen una rápida difusión de los contenidos discriminatorios o intimidatorios.
En 2003, en Vermont, Estados Unidos, el adolescente de 13 años Ryan Patrick Halligan se quitó la vida luego de padecer el acoso de sus compañeros durante largo tiempo. Su padre, ingeniero de IBM, propició la discusión de una Ley que impidiese ese tipo de hechos. En 2004, el estado de Vermont aprobó una política de prevención del acoso escolar y luego otra de prevención de suicidios.
Afortunadamente, la información acerca de las configuraciones que usuarios y usuarias pueden darle a sus perfiles de redes sociales es cada vez más abundante y, además, hoy en día hay muchas más herramientas destinadas a prevenir malas experiencias en el uso de internet.
A pesar de todo esto, es imprescindible que padres, madres o adultos responsables mantengan un rol activo y participativo respecto de las actividades de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de internet. El diálogo es, indudablemente, la más importante de las prácticas. Los consejos e intervenciones no difieren demasiado de aquellos que se refieren a la vida offline: “no hables con extraños”, “si alguien te agrede o te acosa, contáselo a una persona de tu confianza”, “no brindes información sobre tus actividades, dirección, teléfono, etc.”. Otro recurso es observar con atención los cambios de conducta del niño, niña o adolescente. Algunos de los síntomas que pueden ser indicadores de que un menor está siendo acosado o discriminado son: conectarse obsesivamente para ver qué se dice de él o ella en las redes; agobio, tristeza y angustia, alteraciones del sueño, actitudes hurañas y esquivas, intentos de ocultar lo que se ve en la pantalla cuando se acerca un adulto.
Los hechos antes mencionados y la participación tan variopinta que existe en internet, que muchas veces mezcla “la biblia junto al calefón”, sobre todo en materia de contactos en redes, lleva a otra de las preguntas adecuadas en este análisis: ¿hay límites a lo que se “sube” a internet?
Desde el INADI creemos que sí. Estos límites están dados por casos de discriminación, racismo y xenofobia, y especialmente cuando se asocian con delitos relacionados a pornografía infantil, abuso de menores, cyberbulling o ciberacoso. En todas estas situaciones se producen violaciones de leyes nacionales y de tratados internacionales que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes; y la libertad de expresión y participación.
Afortunadamente las grandes compañías con plataformas con publicación de contenidos de usuarios (blogs, redes, sitios de fotografías, chats) se suman a esta postura. Atendiendo a esta tendencia generalizada en diversos ámbitos fue que el INADI resolvió la creación de la Plataforma por una Internet Libre de Discriminación.
La Plataforma tiene como objetivo preservar el ámbito de internet de cualquier tipo de violencia discriminatoria. Pero, a su vez, está concebida como un espacio de diálogo entre actores públicos y privados, que construyen día a día estos espacios sin discursos de odio, entendiendo por discurso de odio cualquier comunicación que agreda a una persona o grupo de personas por determinadas características o pertenencia a un grupo: religión, preferencias políticas, características físicas, orientación sexual, etc. Todas estas expresiones habitualmente se traducen en sitios que promueven el antisemitismo, el racismo o la condena de la homosexualidad.
Lo más oportuno para afrontar estas situaciones es abordar el fenómeno desde diferentes ángulos. La condena, tanto social como jurídica, no es suficiente en algunos casos, como tampoco lo es un acercamiento amistoso. Las campañas de prevención por sí mismas representan un aporte significativo. Pero es la acción integral y conjunta, enfocando la situación con diferentes herramientas, lo que puede definitivamente producir un cambio en las sociedades.
La línea en relación a la intervención en casos de discriminación en internet es muy delgada porque es necesario contemplar tanto los hechos discriminatorios como el respeto a la libertad de expresión. Generar respuestas satisfactorias para personas que se sienten profundamente dolidas, afectadas en sus sentimientos e incluso indignadas, es un desafío permanente.
